El cinéfilo Eduardo Torres-Dulce será designado fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros designará el viernes a Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado durante los próximos años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido. Torres-Dulce posee, desde marzo de 2000, la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. Además es uno de los mejores críticos de cine de España y un importante experto en guión audiovisual. 

Ha dado diferentes conferencias en la Universidad de Navarra hablando de cine y analizando obras como “Manhattan” de Woody Allen. También ha escrito varios libros y ha participado en revistas y diarios como Nuestro Tiempo, Nueva Lente, Contracampo, Expansión, El Semanal, Telva y La Clave. 
En el ámbito jurídico es de tendencia conservadora y está considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo. El proceso de nombramiento comenzará con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se producirá a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto". 
El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo. En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.
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