El partido liderado por Rosa Diez empieza la legislatura con seis iniciativas parlamentarias

La formación ha registrado una batería de propuestas para reformar el mercado laboral, garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas, la extensión de la renta mínima de inserción, la regulación de la dación en pago o la reforma del sistema electoral y del modelo de elección de los jueces. 


Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha registrado esta tarde seis iniciativas parlamentarias –cinco proposiciones no de ley y una de ley-, en el Congreso de los Diputados para su debate en pleno y en comisión de cara a la legislatura que se inicia. La mayoría de las propuestas están basadas en el programa con el que la formación ha concurrido a las elecciones de cara a garantizar la igualdad de los ciudadanos, la regeneración democrática e impulsar el cambio del modelo productivo además de aportar soluciones a los graves problemas económicos que atraviesa el país.

Así  el partido ha presentado una  Proposición de Ley relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes que recoge, por primera vez, la regulación de la insolvencia de las personas físicas en términos similares a las de las personas jurídicas y la posibilidad de saldar la deuda del hipotecado con la entrega del bien a ejecutar.

En términos económicos, se ha registrado una Proposición no de Ley para abordar una reforma integral del mercado de trabajo español que favorezca el cambio de modelo productivo e impulse el aumento de la productividad, a la vez que proporciona una mayor seguridad a los trabajadores. Para la formación, la iniciativa ayudará también a que nuestra tasa de paro tienda a igualarse con la del resto de la zona del euro, en vez de duplicarla como hoy sucede (21´5% frente a 10´2%). La reforma propuesta propone una única modalidad de contrato indefinido y la reducción del contrato temporal, excepto para actividades de naturaleza claramente transitoria.

Una tercera iniciativa irá destinada a modificar el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, para eliminar el requisito de superar los 45 años de edad para aquellos trabajadores que hayan agotado la prestación y el subsidio. En este sentido, la propuesta insta al Gobierno a liderar la homogeneización de los hoy dispares programas de rentas mínimas de inserción autonómicas, para así sumar esfuerzos entre la Administración Central y las autonómicas.

La cuarta está destinada a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas y la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales ya que, para la formación, uno de los más graves defectos del actual modelo de organización territorial del Estado que la presente crisis económica ha puesto de manifiesto, es la ausencia de un efectivo mecanismo de coordinación entre las distintas administraciones en el ámbito presupuestario que, liderado por el gobierno central, permita garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el conjunto de las administraciones públicas, así como los compromisos adquiridos por España en el marco de la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria.

Además, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, se ha registrado una Proposición no de Ley para afrontar la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incorpore cambios como la sustitución de la fórmula electoral D´Hondt por otra fórmula electoral más proporcional, como la fórmula Hare y que la circunscripción electoral para elegir 200 Diputados sea la provincia, la introducción del procedimiento de elección de los diputados mediante el principio de “listas desbloqueadas” o la eliminación de obstáculos artificiosos al pluralismo político, como la obligación de recoger el 0’1% de firmas del censo electoral de las circunscripciones a las que quieran presentarse partidos extraparlamentarios.

En el capítulo de la mejora de la calidad democrática, la formación ha pedido  la reforma de la forma de elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes a través de un mecanismo de elección directa al margen de la decisión política de los partidos. Entre otras, la iniciativa recoge  que la elección de los doce vocales elegidos entre Jueces y Magistrados lo sean de forma directa en listas abiertas, voto secreto y personal mayoritariamente por los propios Jueces y Magistrados y, en el porcentaje que se determine, por los Secretarios Judiciales, Fiscales y Letrados.
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