ESPECIAL ANÁLISIS DOMINGO: La Iniciativa Legislativa Popular y la desafección política

El autor, el jurista Aitor Martínez, asegura que la extensión de la firma electrónica va a convertir la ILP en un mecanismo eficaz de participación ante la creciente desafección política y los síntomas de agotamiento del sistema representativo. Diario La Cámara presenta este análisis realizado por Martínez para la Fundación IDEAS.

Tras casi 30 años desde su implantación en España, el mecanismo que rige la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) solo ha hecho posible la aprobación de una ley, subsumida en otra, en 1999, lo que demuestra el  escaso interés del legislador español en/por favorecer la participación ciudadana. Sin embargo, la implantación de la firma electrónica, la proliferación de portales web que favorecen su recogida, la reforma normativa aprobada en 2006 por la Generalitat de Cataluña en el ámbito de sus competencias y el impulso que está dando la Comisión Europea a través de la Iniciativa Ciudadana Europea, abren la puerta a superar el miedo histórico a la participación ciudadana.
 Así se desprende del documento de debate “La Iniciativa Legislativa Popular como instrumento de participación ciudadana en el siglo XXI” que publica hoy la Fundación IDEAS, elaborado por el jurista Aitor Martínez, quien sostiene que, lejos de ser una herramienta en desuso, la ILP “ha ido creciendo sucesivamente en su utilización ciudadana y, en un momento creciente de desafección política y de agotamiento del sistema representativo, puede ser un mecanismo eficaz para mejorar el sistema de participación”. En el documento, Aitor Martínez recuerda los orígenes históricos de la figura y el marco del que procede, y califica de “excesivos” los límites del legislador constituyente de 1978 “pues excluye a la ILP la participación en leyes orgánicas, y por ende en todo lo referente a las libertades públicas y derechos fundamentales, y exige 500.000 firmas, un número elevado en comparación con otras figuras homólogas”. Inadmisión y caducidad criban ya el 80% de las iniciativas populares, y la “toma en consideración” posterior por parte del Congreso constituye la tercera barrera, donde se han estrellado 8 de las escasas 9 que han llegado. Para el autor del documento la “tímida” reforma de la normativa, aprobada en 2006, “no abordó la necesidad de modernizar la figura”.
Sin embargo, pese a las barreras materiales, procedimentales y formales, la evolución de la ILP en España “ha crecido, especialmente en el último año, con el repunte de movimientos sociales críticos muy activos”, como el 15-M. En 2011 se presentaron nada menos que 13 ILP. Ahora, la introducción de la firma electrónica (2006) y la aprobación de las medidas de impulso de la Sociedad de la Información (2007) han abierto una puerta para superar barreras procedimentales. De hecho, la extensión de las redes sociales y el progresivo avance contra la brecha digital han favorecido la implantación de la recogida de firmas electrónicas, por lo que han surgido portales destinados a ese fin, lo que allana un poco el camino a la expansión de ILP. Para Aitor Martínez, un momento clave en la evolución de ILP fue la aprobación en 2006, con un gobierno catalanista y de izquierdas, en Cataluña de la ley autonómica de Iniciativa Legislativa Popular. El preámbulo de la normativa afirma que “las elecciones no agotan la posibilidad de implicación directa de los ciudadanos en la gestión en los asuntos públicos” y apunta después que la ILP “permite completar la integración de intereses que tiene lugar en el Parlament de Cataluña por medio de la irrupción en la discusión política de temas que, a pesar de ser de interés para un sector de la población, tal vez no han sido planteados por las fuerzas políticas parlamentarias”.

Según explica Martínez, las principales novedades de la normativa catalana, en relación a la estatal, es ampliar a mayores de 16 años y extranjeros los sujetos legitimados, la reducción de firmas de 65.000 a 50.000, la ampliación de 90 a 120 días (prorrogables a 60 días más) del plazo de recogida y, sobre todo, la titularidad absoluta de la comisión promotora para defender la iniciativa ante el Parlament en un debate a la totalidad. En el marco del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea desarrolló el “Libro Verde sobre la Iniciativa Ciudadana Europea” (noviembre de 2011). Fundamentalmente, plantea la posibilidad de centralizar las iniciativas en una web a través de un software para la recogida de firmas. Además, ni siquiera es necesario plantear un texto articulado y fija en 12 meses el plazo para recabar los apoyos. Así, según dicta el Reglamento del Consejo y el Parlamento Europeo,  todos los ciudadanos europeos, mayores de edad, están legitimados para, mediante la recogida de un millón de firmas en un número significativo de Estados miembros (1/4, lo que supone 7 países con unas firmas mínimas en cada uno), y constituyendo un comité de un mínimo de 7 personas de 7 Estados miembros que actúen como enlace con las instituciones, presentar una proposición de acto legislativo a la Comisión europea. Por todo ello, para el autor del documento, la Comisión Europea busca mediante la ICE legitimar su posición respecto al Consejo, ya que sus propuestas legislativas gozarán de legitimidad ciudadana directa.
Finalmente, Aitor Martínez realiza una serie de propuestas para desbloquear definitivamente la ILP que pasan por superar el miedo histórico que ha informado al legislador, eliminando las llamadas “cláusulas cerradas” y potenciar la ILP estatal, mediante una reforma. Esta debería, entre otras cosas, revisar el límite material de ley orgánica, ampliar el plazo para la obtención de firmas sin involucrar a la Mesa del Congreso en ninguna prórroga, poner a disposición de las comisiones promotoras los servicios jurídicos del Congreso si fuera necesario, fijar en la actual LOILP un proceso sencillo para la recogida de firma electrónica, anticipar gastos, ampliar los sujetos legitimados a menores de 16 años en adelante y extranjeros residentes y, sobre todo, reformar el reglamento de las cámaras para que la comisión promotora intervenga en sede parlamentaria y sea titular de la ILP.
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