La Generalitat retira una pensión de 100 euros a una anciana que se recupera de un ictus

La Generalitat de Catalunya ha retirado la pensión de 104 euros a una anciana, cuyo marido solo cobra 570 euros de pensión. Ambos, que han preferido no revelar su identidad, tienen que hacer frente a un alquiler de 215 euros más el resto de gastos.

La justificación del Ejecutivo dirigido por Arthur Mas es que el día de Navidad, la mujer sufrió un ictus y la tuvieron que ingresar en el Hospital del Mar. Por lo que consideran que al “residir” en un centro socio-sanitario donde, entre otras cosas, está haciendo rehabilitación, ya no tiene derecho a percibir los 100 euros mensuales.  Además, la Generalitat exige al matrimonio que devuelva los 208 euros correspondientes a las pagas de junio y julio. Lo que más daño hace al marido es que por culpa de esto deba privar a su mujer de pequeñas ilusiones.

Según explica su marido, “ella llora cada día desde que se enteró que le quitaban su pensión”. Él no quiere que su mujer se dé cuenta de las penurias económicas que está pasando y, por ello, este hombre, operado dos veces de cáncer, solo hace una comida al día. Tan ahogados están que el hombre asegura que pagar facturas de la luz, gas, teléfono o incluso, comprar champú para su mujer acaba resultando complicado. Desgraciadamente, el caso de María no es ni una excepción ni fruto de un error administrativo. El Gobierno catalán se ampara en una ley de 2006 aprobada por el tripartito según la cual una persona que vive en un centro sanitario o una residencia, siempre que sean públicos, no tiene derecho a cobrar una pensión no contributiva. Su único y vergonzoso argumento es que estos centros ya les dan de comer y cuidan de ellos.

Por ello, el consejero de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, dice que “no pueden hacer nada más y que se limitan a hacer cumplir la ley”. El consejero asegura que si no lo hicieran así, el Tribunal de Cuentas los investigaría por derrochar dinero público. Ajenos a las leyes y a los discursos, este matrimonio tendrá que hacer lo imposible, primero para conseguir vivir sin estos 104 euros mensuales y, en segundo término, para encontrar la forma de devolver los 208 euros que le reclama la Generalitat.
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