El derecho de manifestación a debate

La propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modificar, ajustar o incluso recortar el derecho de manifestación ha hecho saltar las alarmas en las organizaciones judiciales progresistas, lo que a su vez ha producido un nuevo debate sobre la imparcialidad judicial.

JUECES PARA LA DEMOCRACIA. Cifuentes ha declarado esta semana que proteger el derecho de manifestación "no es incompatible con la racionalidad de su utilización y, sobre todo, con la racionalidad en el uso de los espacios públicos". Mientras para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, la propuesta sitúa a Cifuentes “fuera de la Constitución". "Como ella misma debería saber, la única manera de recortar ese derecho es recortar la Constitución”, añadió Bosch.

TORRES-DULCE, CONCIALIADOR.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática. Además, ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática". "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.

Torres-Dulce, más conciliador y abierto al debate que Cifuentes, ha puesto de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho".  También ha hablado concretamente de la propuesta de la delegada del Gobierno, indicando que "si es necesario" habría que regular el derecho de manifestación administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad".
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1 comentarios :

  1. Me parece que en estos tiempos en los que los reclamos son todos justos y hay participación activa de toda la sociedad no podes tener la idea de recortar reclamos cuando hay necesidad de hacerlos. Igual los reclamos siempre son reclamos legítimos cuando no vulneran los derechos de otros y a veces eso pasa.

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