Todos los sindicatos y el personal de la Administración General del Estado se unen contra los recortes


En una concentración celebrada ayer a las 12.30 horas frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, los Órganos de representación del personal de la Administración General del Estado en Navarra (AGE) (Junta de Personal de la Administración General del Estado (AGE), la Junta de Personal de la Agencia Estatal Tributaria, el Comité de Empresa del Ministerio de Economía y Hacienda, delegado de Personal de la Delegación de Gobierno, delegado de Personal del Ministerio de Interior, delegados de Personal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el delegado de Personal de Instituciones Penitenciarias); así como todos los sindicatos con representación en la administración, denunciaron los recortes y las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de España en este primer año de legislatura.

En su denuncia indicaron que "desde que comenzó la mal llamada crisis, los empleados públicos somos el blanco perfecto para que los diferentes gobiernos (tanto centrales como autonómicos) hayan repercutido sobre nuestros derechos laborales y retributivos las medidas más contundentes y drásticas para paliar de manera rápida y a golpe de Real Decreto Ley (R.D.) sus nefastas políticas de reducción implacable del déficit público basadas exclusivamente en medidas de austeridad y de recorte de derechos, impuestas también desde la U.E., la Troika y el gobierno alemán". 

A esto añadieron que "desde mayo del 2012, los recortes sobre los derechos del personal de la AGE se suceden, agravándose sustancialmente en julio del 2012 con la aprobación del R.D. 20/2012 y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013". Dichos recortes se materializan en la rebaja generalizada de las retribuciones de los empleados públicos de media un 5%, la congelación salarial y anulación de la aportación de la Administración al plan de pensiones, una pérdida del poder adquisitivo de más del 30 %, un incremento de la jornada laboral y del número de días laborales de trabajo anual, la paralización de la Oferta de Empleo Público durante los años 2012 y 2013 y la no reposición del personal en situación de baja laboral, la reducción de las retribuciones en las situaciones de Incapacidad Temporal Transitoria y de hasta un 75% en la Acción Social. 

Además, el reciente RD 1483/2012, de 29 de octubre (BOE de 30 de octubre), introduce el despido colectivo en las Administraciones Públicas cuando la Administración Pública demuestre una minoración de su presupuesto del 5%, acabando con el mito, tan interesadamente aireado, del trabajo fijo del personal de la Administración Pública. A esto sumaron el "encarecimiento de la Justicia a los empleados públicos, a quienes se nos exige para defender nuestros legítimos derechos laborales ante los tribunales contenciosos acudir con Abogado y Procurador, así como pagar las nuevas tasas judiciales en cantidad superior al resto de trabajadores y las costas procesales en caso de ver desestimadas nuestras pretensiones".

En fechas tan señaladas también recordaron que "la mal llamada paga extraordinario de Navidad no es más que una de las 14 pagas en que se divide nuestro sueldo anual y que este año nos ha sido suprimida totalmente por este Gobierno, aunque sí cotizaremos a pesar de no cobrarla", y que "todas estas medidas significan una grave vulneración de los derechos salariales y laborales del personal de la AGE de forma totalmente unilateral y una degradación de la calidad de los servicios públicos que no pueden justificarse permanentemente con la crisis existente ya que el objetivo último es la privatización de los servicios públicos como objeto de deseo del poder financiero para la obtención de sus beneficios económicos".
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