Chipre acuerda nuevos recortes en Bruselas


El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, se reunió en Bruselas con los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, José Manuel Durao Barroso y Herman Van Rompuy, respectivamente, para intentar allanar el camino hacia el consenso con el Eurogrupo sobre el futuro financiero de su país.

El objetivo de la reunión es buscar una vía que permita desbloquear las negociaciones sobre el rescate alternativo de Chipre con vistas a la reunión de los ministros de Finanzas de la eurozona, bajo presidencia del holandés Jeroen Dijsselbloem. Anastasiadis se reunirá después con el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que en los últimos días ha sido investigada por un supuesto desvío de fondos.

Los ministros de Finanzas de la eurozona tomaron a las 17.00 GMT el relevo para seguir negociando y afinando los elementos del plan de rescate, en lo que se espera unas intensas y largas discusiones ante la urgencia de cerrar un programa antes de mañana. Las negociaciones entre Chipre y la troika (la Comisión Europea, el BCE y el FMI) se han trasladado hoy a Bruselas, después de que anoche no se lograra un acuerdo definitivo en Nicosia sobre el rescate alternativo, lo que pone a la eurozona en "una situación delicada y con los márgenes de actuación muy pequeños", según el Gobierno chipriota.

La troika y Chipre habrían llegado a un acuerdo para gravar al 20 % los depósitos superiores a 100.000 euros en el Banco de Chipre y al 4 % los depósitos de la misma cantidad en otras entidades, según filtraciones de fuentes cercanas a la negociación. Otras fuentes publicadas por otros medios apuntan a que cuando todo indicaba que se estaba muy cerca de un acuerdo, surgieron nuevas exigencias del FMI, que habría pedido al Banco de Chipre asumiese la deuda del Laiki Bank, cuya división en un banco bueno y uno malo se acordó con el BCE el viernes. Además, el plan de utilizar parte de los fondos de pensiones para el rescate (cuya legislación para permitirlo se aprobó también el viernes) quedará de momento aparcado ante la oposición de algunos socios europeos, como Alemania.

El objetivo de lo que se ha conocido como "plan B" es reunir los al menos 5.800 millones de euros que exige la troika a cambio del rescate de 10.000 millones de euros, pero sin comprometer la estabilidad de la deuda, un factor en el que insiste sobre todo el FMI. Ahora deben intervenir directamente los máximos responsables del Consejo Europeo, de la CE, del BCE y del FMI, y después los ministros de Finanzas de la eurozona, para tratar de salvar las negociaciones antes del lunes, fecha límite para evitar que la entidad monetaria de Fráncfort corte el suministro de liquidez a la banca chipriota.
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