Tres millones de creadores, de 120 países, critican la modificación de la LPI del Gobierno español


Las entidades que aglutinan los autores de la gran mayoría de países de nuestro entorno están preocupadas por el estado de la Propiedad Intelectual en España. Representantes de las principales sociedades de gestión del mundo se han puesto en contacto con los parlamentarios españoles para expresarles su inquietud ante la iniciativa legislativa del Gobierno español en materia de derecho de autor. A través de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y GESAC (organización que agrupa a las principales entidades de gestión colectiva europeas), un total de tres millones de creadores de 120 países han manifestado en forma de carta su descontento ante el proyecto de ley español de modificación parcial de la LPI (Ley de la Propiedad Intelectual), aprobado el pasado 14 de febrero. 

A su juicio, “modifica significativamente elementos esenciales de la protección de los derechos de autor, en detrimento de los creadores españoles”. Por este motivo, en nombre de la comunidad creativa mundial les demandan que apoyen aquellos cambios del proyecto de ley que garanticen que los intereses de los creadores se mantengan.  La sesión de debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición tendrá lugar el próximo jueves 10 de abril, en el Congreso de los Diputados. El calendario legislativo marca que en las siguientes semanas se discutan las enmiendas que todos los grupos planteen para mejorar el texto.

El músico francés Jean Michel Jarre, en calidad de presidente de la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), lamenta en su carta que “el proyecto de ley español incluya disposiciones que limitarían la capacidad de los titulares de derechos para actuar de forma colectiva y establezca criterios arbitrarios para fijar las tarifas;  y exige a todos los titulares de derechos la creación de una ventanilla única para la recaudación de derechos, sin respetar la libertad de dichos titulares de decidir la manera de gestionarlos”. “Este proyecto perjudica los intereses legítimos de los creadores y podría comprometer la importancia de sus derechos en el mercado”, añade Jarre; quien destaca “el papel esencial de las entidades para garantizar una eficaz gestión de los derechos; así como el correcto funcionamiento de la concesión de licencias para el uso de las obras de los creadores”.

Por su parte, Christophe Depreter, presidente de GESAC, ha insistido en la misiva dirigida a los responsables públicos españoles en “el papel trascendental que desempeñan las entidades de gestión colectiva, como piezas esenciales en la salvaguarda del patrimonio cultural”. Depreter ha aprovechado para recordar el respaldo de la Unión Europea al modelo actual, recogido en la recientemente aprobada Directiva sobre gestión colectiva y derechos de autor, en la que se describe como “un sistema eficiente y capaz de proteger a los creadores ante los intereses de los grandes usuarios”.

FUENTES: SGAE, GESAC, CISAC
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