Un nuevo estudio defiende el derecho al olvido digital


El Laboratorio de la Fundación Alternativas presentará la próxima semana el documento de trabajo El derecho al olvido digital, de Luis Javier Mieres Mieres, letrado del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.

El estudio de Mieres Mieres, de importante actualidad tras la sentencia (Google Spain) del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo de 2014 afirmando el derecho al olvido del español Mario Costeja, analiza el fundamento a partir del cual se puede derivar un derecho al olvido que ponga límites a la perennidad de la información en línea. El derecho al olvido encuentra buen fundamento en dos derechos fundamentales, según el trabajo  de Mieres Mieres, quien propone articular la pretensión de las personas a no verse perseguidas por las informaciones del pasado a partir del derecho a la protección de datos y del derecho a la intimidad.

CLAVES. La decisión del Tribunal de Luxemburgo contesta en su sentencia a una serie de preguntas planteadas por la audiencia Nacional, a raíz de un recurso de Google contra una decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En este sentido, la sentencia reconoce la existencia de un "derecho al olvido" como el que invocó el ciudadano español afectado por este caso para que se borraran sus datos en Internet, aunque establece una serie de condiciones y limitaciones. El Tribunal contradice la opinión del abogado general, Niilo Jääskinen, que en junio de 2013 había dado la razón a Google.

DIFERENTES CASOS. En todo caso, el fallo admite que en cada caso se tendrá que examinar "si dicha persona tiene derecho a que la información en cuestión sobre ella deje de estar vinculada en la actualidad a su nombre a través de la lista de resultados que se obtiene tras efectuar una búsqueda a partir de su nombre". "Si éste es el caso, los enlaces a páginas web que contienen esa información deben suprimirse de esa lista de resultados, a menos que existan razones particulares -como el papel desempeñado por esa persona en la vida pública- que justifiquen que prevalezca el interés del público en tener acceso a esa información al efectuar la búsqueda", afirma el Tribunal de Justicia.
La sentencia precisa que el interesado puede presentar esas solicitudes directamente al gestor del motor de búsqueda, que deberá entonces examinar debidamente si son fundadas. Cuando el responsable del tratamiento no acceda a lo solicitado, la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin de que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen al responsable que adopte medidas precisas en consecuencia.
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